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jueves, 25 de noviembre de 2010

La salud mental en crisis: el hospital neuropsiquiátrico Braulio Moyano

La problemática de la salud mental ha sido aplazada durante tanto tiempo que hoy la situación es crítica. A pesar de la vigencia de una ley que plantea un cambio en la forma de ver y tratar la psiquiatría, en lo concreto no se hizo ni se hace nada. Sin presupuesto para remodelar los edificios de los hospitales, sin suficiente personal médico ni de mantenimiento y sin ninguna iniciativa comunitaria de inclusión, la situación no hace más que empeorar.



Entrada principal del Hospital Moyano
 
 
 
En Argentina hay alrededor de 25 mil personas internadas en instituciones psiquiátricas, el 80% están por un periodo mayor de un año. En el año 2000 se aprobó la ley nº 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, que apunta a la rehabilitación y reinserción en la sociedad del paciente. Establece “la concreción de los derechos al trabajo, al bienestar, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la cultura, a la capacitación y a un medio ambiente saludable” para los pacientes.



El informe de agosto de la Comisión de Seguimiento de la ley de Salud Mental detalla las condiciones actuales del Hospital Moyano. Con respecto al personal, se está produciendo un vaciamiento ya que no hay concursos por los puestos. Sólo se contrata personal por Emergencia Sanitaria. De los empleados fijos la mayoría son enfermeros, hay 100 psiquiatras, 18 asistentes sociales, 20 terapistas y 24 psicólogos. De mantenimiento, solo hay 15 empleados efectivos. La única radióloga se jubiló y no se nombró otra, por lo que no hacen radiografías.


Con respecto a las personas internadas, el informe muestra que la mayoría son esquizofrénicas y en menor cantidad, las que sufren síndrome bipolar. Cerca de 300 pacientes estarían en condiciones clínicas de externación, pero no en condiciones sociales ya que no tienen familia ni trabajo. Además, de aproximadamente 100 pacientes que fueron derivadas a clínicas privadas por las obras de remodelación y el cierre de varios pabellones en el 2005, quedan entre 50 y 55 que no pueden ser reingresadas al hospital por falta de camas.


El doctor Pablo Berretoni, jefe del departamento de Agudos, Ambulatorios y Área Programática del Hospital de salud mental de mujeres Braulio Moyando, explica que desde la sanción de la ley, en los hechos nada cambió. “Es un problema social y político. La salud mental no brota de la voluntad individual: si un hombre no come, no tiene donde dormir y sus hijos no pueden ir al colegio, entonces no puede estar sano mentalmente. El mayor inconveniente pasa por desarrollar redes sociales firmes, donde la gente se sienta contenida en su entorno”.


El Moyano parece más un geriátrico que un hospital psiquiátrico: de más de 900 pacientes la mitad es mayor de 65 años de edad y podrían ser dadas de alta, pero se quedan por una cuestión de abandono familiar y de exclusión social. “La idea instalada es que el enfermo mental molesta a la familia, entonces lo mejor es recluirlo. Mientras los chicos van al colegio y los ancianos al geriátrico, los enfermos mentales al manicomio”, explica Berretoni.


En el 2005 una comisión impulsada por la legislatura porteña determinó que el Hospital Moyano era inhabitable: había fugas de gas, filtraciones de agua, problemas eléctricos y los edificios se caían literalmente a pedazos. La jueza Petrela, que inspeccionó el lugar, determinó obligatoria la evacuación de los pacientes y la inmediata remodelación edilicia. Se evacuaron 300 pacientes, algunas pasaron a otros pabellones, otras a clínicas privadas costeadas por el Estado.


Durante el gobierno de Anibal Ibarra se ejecutó un plan de emergencia de obras, pero solo se logró remodelar a nuevo el 35% de la masa edilicia. Del resto, después de que el gobierno de Telerman desfinanció las obras, un 30 % fue cerrado de forma permanente. “Después de Telerman vino la nada: con el macrismo llegó al gobierno una empresa de construcción que no tiene como prioridad la situación de la gente”, opina Berretoni.

Casi la mitad de las personas que ingresan en el Moyano sufren trastornos de la personalidad: gente sin patología crónica que tiene una crisis vital situacional. “El prototipo de paciente es una chica entre 19 y 22 años que se cortó las venas, o tomó pastillas, acá le dan el alta en dos días. Es un momento de desesperación que cualquiera puede tener”, expresa Berretoni.


Nadia Sánchez tiene 22 años, estuvo internada en el Moyano cuatro veces por intentos de suicidio. Un año antes de la primer internación, fue con su madre por una consulta por ideas suicidas. Llegaron de noche a la guardia, tenía 19 años. El lugar le dió miedo, se puso a llorar. Veía a las internas deambular por el lugar pidiendo cigarrillos, monedas y teléfonos para llamar a sus familiares. En octubre del 2008 la internaron por primera vez, de ese día recuerda: “Cuando le dijeron a mi mamá que me tenían que internar, preguntó si no había otra alternativa. La psicóloga nos respondió que era eso o un cementerio”.

El Centro de estudios legales y sociales (CELS) realizó en el 2008 un informe sobre la situación de la salud mental llamado “Vidas Arrasadas”. En él se detallan casos de abuso y violaciones de derechos en las instituciones psiquiátricas. El informe puntualiza condiciones de vida insalubres como falta de agua, ausencia de cloacas y constante riesgo de incendios. También incluye denuncias por violaciones sexuales por parte del personal del hospital. “Existen las denuncias, pero son cosas muy difíciles de probar”, replica Berretoni.


Otra forma de abuso registrada por los investigadores del Cels es la del uso de los medicamentos farmacológicos como forma de castigo y no con fines terapéuticos; por ejemplo si están “molestando” se les inyecta fuertes dosis de tranquilizante que las deja inmovilizadas. La enfermera Isabel Gómez del pabellón de pacientes crónicos del Moyano explica: “La contención química es cuando se les inyectan drogas que bajan el nivel de ansiedad y las duerme. La física, es atarlas de pies y manos a la cama hasta que se les pase la crisis”.


Nadia asegura que los profesionales fueron de lo mejor, que hacían que el encierro no sea tan duro. “Lo feo era la contención, que, decían que era una medida preventiva. Cuando me internaron por tercera vez, como no me quería quedar me llevaron a un cuarto y me contuvieron. Me pusieron pañales y me daban de comer en la boca. Al día siguiente me desataron, e intente fugarme. Cuando me encontraron me ataron de vuelta. A la madrugada me desaté y me quise ahorcar con el picaporte de la puerta, pero me encontró una enfermera: me contuvieron cuatro días más”, describe.


En Capital Federal hay 33 hospitales, y cerca de 40 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACS). En total son más de 70 lugares físicos donde tendría que haber un equipo interdisciplinario de salud mental básico: un psiquiatra, un psicólogo, un asistente social y un enfermero. Todavía no está. Además, los CeSACS los fines de semana y a partir de las 16 de lunes a viernes, están cerrados. Berretoni y la enfermera Isabel concuerdan en que por lo general las crisis se producen a la noche y no hay lugares abiertos.


Berretoni explica parte de un profundo problema social: “No hay educación para saber qué hacer con los deseos que se postergan y las cosas que no salieron bien. A eso hay que sumar el bombardeo mediático que dice que hay que ser exitoso. Se acepta una visión neo darwinista donde el que no tiene plata no está adaptado, que la sociedad le dio todo y no lo supo aprovechar”. El trabajo debe ser comunitario: todos deben tolerar conductas diferentes e incluir, no aislar ni esconder.


“Hay que definir el objetivo del hospital: si queremos un hospital de salud mental, hace falta gente que se encargue de rehabilitar: enseñarle al paciente a cuidar su higiene personal, comer con cubiertos, y decir 200 palabras. Ya con eso está en la calle. También incluir tecnología: si se sospecha que hay una base biológica hay que estudiarla. Hoy no se hace, si un país abandona el estudio del cerebro, está perdido”, manifiesta Berretoni.


Todos coinciden en un punto: “No hay planes colectivos de salud mental”. Las modificaciones se limitan a la mejoría del manicomio, como el lugar donde tienen que estar recluidas las personas con problemas mentales, no se lo vé como un lugar de cura. No se piensa en un cambio social de inclusión, aunque la ley vigente así lo exija.


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1 comentario:

  1. La salud pública en general y la psiquiatría en particular son deudas internas de todos los gobiernos. El estado actual es calamitoso. Muy acertada la nota. Bety venditti Enfermera del hospital de niños Ricardo Gutierrez

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